Desmonte del subsidio al diésel evitaría comercialización ilícita del combustible

El consumo promedio mensual a julio del 2024 presentó un incremento de 951% frente al 2023.

 

Hace más de un año y medio, salió para comentarios un proyecto de decreto por medio del cual se eliminaba el subsidio al diésel que actualmente entrega en Gobierno Nacional. Sin embargo, pese al tiempo en comentarios aún el Ejecutivo no lo ha expedido.

Esto a su vez, ha generado cierto impacto en las economías ilícitas que se aprovechan de este descuento y lo usan para exportar el combustible a diferentes mercados. Ante dicha situación, expertos como Julio César Vera Díaz, presidente de la Fundación XUA Energy y gerente general de Valjer Energy presenta cierta preocupación ante este panorama.

“La preocupación grande del Gobierno está asociada al combustible que pueda estar siendo utilizado para fines de exportación, que usa precios subsidiados para los que usan precio de mercado local. Su utilización mayor es cuando hay fallas en el mercado de gas, ellos no crecen porque haya menos, sino porque ya hay un mercado que está asociado al gas”, señaló Vera.

La otra gran preocupación del experto está enmarcada en que al estar subsidiado el diésel se puede prestar para que las economías ilícitas se sigan aprovechando de este beneficio.

“Tenemos unos lugares específicos en donde el gas no llega, entonces se usan estos combustibles para quemadores industriales, pero si es importante no solo regularlo por efecto del precio del diésel, si no por la ilicitud que se pueda generar alrededor de este mercado, sobre todo por el tema del manejo de hidrocarburos residuales que puede haber crudos que se obtengan con fines ilícitos y que se procesan a través de plantas de tratamiento”, agregó.

En tanto, resaltó que el sector legal lo que busca es que haya una clara regulación, por medio de la cual se hagan controles sobre los que usan el combustible para otros fines y no para lo que dictamina la ley.

“El desmonte de los subsidios a los combustibles tiene un componente fundamental y es evitar que un combustible subsidiado se use para actividades, que se tranzas o comercializan en precios no subsidiados y que les generen rentas a ciertos agentes por cuenta de las arcas del Estado”, resaltó.

 

 

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía uno de los grandes impactos que tiene el hecho de que no se desmonte el subsidio del diésel es al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc).

Lo anterior, se debe principalmente a que durante los últimos tres años se ha venido presentando una tendencia atípica y creciente que se viene dando en el consumo de estos combustibles para producción de quemadores industriales.

En particular, frente al consumo promedio mensual en 2024, a corte a julio, se presenta un incremento de 951% respecto al consumo promedio mensual registrado en 2023.

“Este incremento en consumo, ha generado un impacto negativo en la carga fiscal asumida por el FEPC para su operación”, señalaron las carteras en un documento.

Por lo tanto, desde el Gobierno se resaltó que de continuar con estos subsidios se presentará una carga fiscal negativa, la cual seguirá siendo asumida por el Fepc y considerando que el propósito de este fondo radica en la estabilización de los precios para los consumidores finales.

Resaltó el Gobierno que este beneficio no es para consumos intermedios de empresas productoras de otros combustibles derivados del petróleo, las cuales no trasladan el beneficio al consumidor final de la economía colombiana y sí en un aumento del excedente del productor, se determina que la prohibición del uso de combustibles estabilizados en la producción de otros combustibles derivados del petróleo permite que los recursos públicos sean usados eficientemente.

“La implementación de esta regulación no solo se ajusta a los marcos legales vigentes, sino que también representa una medida fiscalmente responsable que permitirá un uso más eficiente de los recursos públicos. En este sentido, se promueve que el gasto público esté alineado con los objetivos originales del fondo. Este enfoque racionaliza el gasto estatal y fortalece la sostenibilidad del Fepc a largo plazo”, puntualizó el documento de las dos carteras.

 

El borrador de decreto que se encuentra en stand by plantea que se presente la prohibición de la estabilización del precio de los combustibles líquidos fósiles utilizados como materia prima.

“El precio de los combustibles líquidos fósiles que se utilicen como materia prima para la producción de otros combustibles derivados del petróleo, deberá ser como mínimo el precio de paridad internacional. En consecuencia, los precios de dichos combustibles no podrán ser objeto de estabilización mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”, señaló el documento.

Resalta que el agente que utilice combustibles líquidos fósiles como materia prima para la producción de otros combustibles derivados del petróleo deberá informarlo dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al Distribuidor Mayorista, al Refinador o al Importador, según corresponda, para que éstos excluyan explícitamente dichos combustibles líquidos fósiles del mecanismo de estabilización de precios del FEPC.

“La medida tiene un impacto positivo en términos de equidad y eficiencia, ya que elimina incentivos perversos que benefician a ciertos productores en detrimento de los usuarios finales. Esto fomenta un mercado más competitivo, donde la producción de combustibles responde a las condiciones reales del mercado y no a distorsiones generadas por subsidios mal focalizados. En conjunto, esta política contribuye a una mejor asignación de recursos, promueve la eficiencia energética, y refuerza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país”, resaltó el documento.

Es de resaltar que en los últimos tres años la estimación del costo fiscal del consumo del diésel para la producción de combustibles de quemadores industriales es cercana a los $465.000 millones.

 

Fuente: Energía – Portafolio.co